En Oliva, ¿todos somos iguales ante ley?

Artículo de opinión publicado el 11-11-2020 en Levante-EMV

Por Salvador Llopis Ibiza ('Cota'). Portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Oliva

 

Hasta ahora pensaba que una víctima era alguien que ha sufrido algún tipo de perjuicio. Pero estos días, cuando he visto a la vicealcaldesa ensayando ese papel en relación a las polémicas obras de Tendes 27, se me han roto todos los esquemas.

La verdad, no me cuadra que pretenda victimizarse justamente alguien que ha cometido una infracción urbanística. En todo caso, podrían hacerlo aquellos ciudadanos que cumplen con la ley, pienso yo.

Porque recuerdo que estamos hablando de una persona que emprendió unas obras sin tener licencia, con las que modificó elementos protegidos (cubierta y patio) que no se podían alterar según la normativa.

Por la comisión de estas ilegalidades no recibió sanción alguna. Al contrario, se le concedió una bonificación por realización de obras en un edificio catalogado (sí, ese que transformó clandestinamente). Bonificación que ni siquiera había sido correctamente solicitada.

Así las cosas, ¿dónde está el perjuicio sufrido? Yo no lo acabo de ver.

¿Acaso el supuesto perjuicio es pleitear para demostrar que es ajustada a derecho una de las licencias más controvertidas de los últimos tiempos?

Si es así, me parece un precio más que razonable. Sobre todo teniendo en cuenta que estas obras empezaron siendo informadas desfavorablemente, y acabaron con un informe con final a elegir (el único que conocemos de este estilo). Y teniendo en cuenta, además, que ni siquiera se presentó la documentación que se le exige al resto del mundo: proyecto de ejecución, visado colegial, etc. ¡Ya quisieran muchos el mismo trato!

Tampoco me cuadra con el perfil de víctima el hecho de que fuese la infractora quien inició la escalada de querellas penales. Primero arremetió contra la periodista que destapó sus obras ilegales, y después su marido cargó contra cuatro concejales (entre ellos, el actual alcalde).

De estos cinco querellados, dos decidieron contraatacar. Y al final todos los querellantes, en un sentido y en otro, han acabado perdiendo. Cada cual que visualice el marcador.

Al margen de esto, para mí lo relevante es que Ana Morell, adoptando el papel de falsa víctima, pretende crear una cortina de humo con la que distraernos de las cuestiones esenciales: ¿Ha estado, durante años, mintiendo al Ayuntamiento y a la ciudadanía?, ¿perseguía ICIOs al tiempo que eludía el pago del suyo? ¿en Oliva somos todos iguales ante la ley?, ¿lo son todas las licencias de obras?, ¿o la suya se obtuvo con menos documentación y rigor del que se nos exige a los demás?... Esas son las cuestiones que de verdad importan, más allá incluso del bochornoso espectáculo alcalde-vicealcaldesa.

No es, precisamente, una cuestión menor saber si todas las personas en Oliva recibimos el mismo trato por parte de nuestro ayuntamiento. Como tampoco lo es saber si tenemos una vicealcaldesa que lleva años mintiéndonos. Porque mentir, aunque no sea constitutivo de delito, sí es social y políticamente repudiable.

Especialmente, si quien supuestamente nos miente resulta que estuvo promoviendo inspecciones del ICIO al mismo tiempo que engañaba al Ayuntamiento para no pagar el que le correspondía por sus obras clandestinas.

Si esto es así, alguien tendría que replantearse muy seriamente por qué, y para qué, está en política.

Acabo felicitando el gesto que han tenido tres de los querellados de no solicitar que les paguemos, entre todos, su defensa jurídica. Tenían el mismo derecho que Ana Morell y David González, pero optaron por pagárselo de su bolsillo (igual que lo hizo, en su día, la periodista), con lo que han ahorrado al municipio más de 15.000€.

Un gesto que les honra y que, en mi opinión, merece ser públicamente reconocido.