A propósito de la liquidación del presupuesto de 2022

La liquidación del presupuesto de 2022 confirma que durante toda la legislatura se ha desaprovechado el esfuerzo tributario de las familias.

Y que la mayoría de los anuncios siguen pendientes de ejecución

Desde 2019 se está desperdiciando la presión fiscal que Compromís y PSOE ejercen sobre los contribuyentes. Los servicios prestados por el Ayuntamiento de Oliva podrían haber sido exactamente los mismos sin necesidad de haber subido los impuestos.

Se ha ejecutado mucho menos de la mitad de lo consignado en las publicitadas modificaciones presupuestarias. Y encima los informes  evidencian un progresivo deterioro de la salud económica municipal.

 

 

En el pleno de mañana (jueves 23) se da cuenta de la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2022, aprobada mediante decreto de 8-02-2023.

Un documento (el de la liquidación) que proporciona mucha información sobre la situación económica real del municipio, así como sobre el rigor de las previsiones presupuestarias del equipo de gobierno.

Y que viene acompañado de un importante informe de la Intervención municipal cuyo objetivo es la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y sostenibilidad financiera.

Informe que pone en evidencia el progresivo deterioro de la salud económica municipal. Dado que el Ayuntamiento de Oliva encadena tres ejercicios consecutivos de incumplimiento de la regla de gasto (2020-2022).

Incumplimiento al que ahora se suma el del objetivo de estabilidad presupuestaria. Sin duda, dos malos indicadores.

 

Por su parte, la liquidación del presupuesto presenta importantes desviaciones entre las previsiones y la ejecución real de las mismas.

Resultando especialmente llamativo el caso de las modificaciones presupuestarias efectuadas con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. Según revela el decreto, de los 9,2 millones consignados a lo largo del pasado ejercicio, solamente se han ejecutado 2,6. Menos del 30%.

Con lo que empeora, aún más, el histórico en esta materia.

Entre 2019 y 2022 se ha consignado un total de 17 millones provenientes del remanente de tesorería. De los cuales únicamente se han ejecutado 6,2.[1] Cifra que no llega al 37% de lo previsto.

 

Veámoslo con detalle:

 

 

Por otro lado, también se observan desviaciones en cuanto al presupuesto municipal aprobado en junio. Tanto en las previsiones del capítulo de ingresos, como en el de gastos.

 

En relación a los ingresos, el descuadre ha sido de un 10,5%. Siendo especialmente preocupantes los errores de previsión en materia de impuestos (capítulos 1 y 2).

Como puede verse en el gráfico, la recaudación ha sido todavía mayor de la esperada (que ya contemplaba importantes aumentos en el IBI).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los gastos, el descuadre ha sido de un 15,5%. Siendo especialmente preocupantes los gastos de Personal (capítulo 1), que han sido todavía mayores de lo previsto (que ya estaban en unos porcentajes insostenibles).

 

 

 

 

Unas desviaciones presupuestarias que resultan graves por tres motivos:

 

1.- Por producirse en medio de una (injustificada) escalada de la presión fiscal. Dado que, un año más, se comprueba que los servicios podrían haber sido exactamente los mismos sin necesidad de haber subido los impuestos. Por desgracia, se confirma que llevamos toda la legislatura desaprovechando el esfuerzo tributario de los contribuyentes (ver ANEXO).

No podemos olvidar que desde 2019 la presión fiscal no ha hecho más que crecer y crecer. El IBI urbano sube este año un 5% más, acumulando un incremento total del 14% respecto a 2019. La tasa de la basura aumentará un 80,5% en 2023 (o 2024). Subidas que se suman a las ya existentes del 150% de las plusvalías[2] y del 10% del ICIO. Así como a las pretendidas del 160% en la tasa de alcantarillado, y la de más del 200% en la tasa de cementerio.

No es de recibo exigir a las familias estos (innecesarios) esfuerzos económicos en tiempos tan complicados (pandemia + inflación), y encima no corresponderles con unas previsiones mínimamente responsables.

 

2.- Por desvelar que buena parte de los anuncios efectuados durante la presente legislatura han sido publicidad engañosa. En este caso nos referimos a las supuestas inversiones efectuadas con cargo al remanente de tesorería. Desde 2019 hemos asistido a multitud de modificaciones presupuestarias, acompañadas de pretenciosos anuncios por parte del equipo de gobierno. Anuncios por valor de unos 17 millones de euros; de los cuales las liquidaciones de 2019-2022 demuestran que solamente se han ejecutado 6,2. Mucho menos de la mitad (concretamente, el 36,8%).

 

3.- Por producirse pese a haber aprobado el presupuesto municipal en una fecha tardía (13-06-2022), cuando buena parte del mismo ya estaba ejecutada. Recordemos que la fecha límite legalmente prevista para la aprobación de este documento es el 15 de octubre del año anterior al presupuestado.

 

 

¿Qué sentido tiene subir impuestos teniendo un remanente de tesorería millonario sin ningún tipo de restricción legislativa en cuanto a su uso? 

Esa es la gran pregunta que vienen formulándonos muchas personas, y para la cual no se nos ha proporcionado ninguna respuesta convincente por parte del actual equipo de gobierno.

Exigir un esfuerzo tributario a los contribuyentes y terminar el ejercicio con un remanente de tesorería de 9,6 millones es un despropósito. De hecho, sin las subidas de impuestos de estos últimos años, los servicios hubiesen sido exactamente los mismos... pero pagando menos.

Los 9,6 millones del remanente, libres de toda limitación, permitirían al Ayuntamiento reducir la presión fiscal que padecen los contribuyentes. Se demuestra, una vez más, que el Ayuntamiento tiene capacidad suficiente para reducir la presión fiscal... si realmente hubiera voluntad política".

 

 

ANEXO: Demostración de que, sin las subidas de impuestos, hubiésemos disfrutado exactamente de los mismos servicios durante toda la legislatura

 

 

Cuadro sintético desaprovechamiento esfuerzo fiscal ejercicios 2019-2022

2019

Pese a haberse aprobado el presupuesto cuando ya estaba casi finalizado el ejercicio (13-11-2019), la liquidación arrojó una enorme diferencia entre el gasto computable y el límite de la Regla de gasto.

Lo que se tradujo en el desperdicio de 907.000€ que podrían haberse invertido en mejorar servicios. Además de garantizar un seguro incumplimiento en el ejercicio posterior (razón por la que ni tan siquiera se llegó a tramitar el presupuesto de 2020).

 

2020

Por primera vez en la historia, el Ayuntamiento de Oliva no aprobó el correspondiente presupuesto municipal. De hecho, ni siquiera llegó a tramitarlo. Seguramente como consecuencia de la enorme disminución del límite de la Regla de gasto causada por el error de previsión del presupuesto anterior.

Lo que se tradujo en que la mayor recaudación derivada de la subida del IBI, el ICIO y las plusvalías no se pudo aprovechar para los gastos del ejercicio. El esfuerzo tributario se fue directamente al remanente de tesorería (en febrero de 2021), sin poder aprovecharlo para mejorar servicios.

 

2021 y 2022         

Como consecuencia de la derrota parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez de 10-09-2020, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 6-10-2020 se suspendieron los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto. Siendo esta suspensión ratificada por el Congreso de los Diputados en fecha 20-10-2020, y vigente todavía a día de hoy.

Dicha suspensión se traduce en que, desde octubre de 2020, el remanente de tesorería para gastos generales puede utilizarse para financiar gastos de cualquier naturaleza: gastos de personal (cap. 1), gasto corriente (cap. 2), subvenciones (cap. 4), inversiones (cap. 6). Es decir, cualquier tipo de gasto, sin necesidad de justificar que se trata de inversiones financieramente sostenibles (IFS).

O sea, que se han subido impuestos (per ejemplo, el IBI), disponiendo de cantidades millonarias que permitían (y permiten) cubrir cualquier tipo de necesidad o mejora de servicios.

 

 

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[1] Dato que se desprende de las liquidaciones de los presupuestos de 2019-2022.

[2] Afortunadamente mitigada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 26-10-2021 y el RD-Ley 26/2021.